En una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, pues el debate estaba planteado para los próximos meses, y que el propio Andrés Manuel López Obrador había anunciado que iría a consulta, aprobaron en lo general —y en fast track— la creación de la Guardia Nacional con 362 votos a favor, 119 en contra y 4 abstenciones —incluída la abstención de Tatiana Clouthier—. Lo sorprendente de esa aprobación es que tanto Morena y el PRI dieron el empuje a una de las cartas más importantes del nuevo gobierno ante los altos índices delictivos.

Diversas oenegés ciudadanas y de derechos humanos, como #SeguirdadSinGuerra, pidieron al presidente no aprobar la medida; acusaron que garantizaba la militarización del país, pues el mando estaría a cargo del orden militar y no de un mando civil recalcando este procedimiento legal como “una simulación” y de una contradicción, “una maroma” por parte de la bancada de Morena que durante la presidencia de Enrique Peña Nieto calificaron de inconstitucional la Ley de Seguridad Interior.

Sin embargo, una de las frases se dieron en comisiones durante la aprobación —y la posterior inconstitucionalidad de la Suprema Corte— de la Ley de Seguridad Interior, el senador por Colima José Luis Preciado había resumido en una declaración por qué él, y gran parte de la bancada del PAN —en que ahora votaron en contra, estaba a favor de aprobar la controvertida reforma cuando se debatía en comisiones a finales de 2017.

“A la gente le vale gorro si los cuida la policía municipal, si los cuida la policía estatal, si los cuida la policía federal, si los cuida la armada, si los cuida el ejército; lo que la gente está clamando es seguridad. A la gente que le están robando en su casa no le interesa quién llegue primero, es que alguien llegue, que alguien disuada al crimen organizado. Por que si bien no provoca los delitos de bajo impacto sí la cadena que controla el monstruo de mil cabezas que se llama delincuencia organizada”. Jose Luis Preciado

El dicho de Preciado no es erróneo. Mientras cazaban entre las azoteas al feminicida de Valeria en Chalco, los habitantes clamaban a gritos que interviniera el ejército para detenerlo, en que estaba bajo la amenaza de un linchamiento por los pobladores. Incluso pidieron ayuda a López Obrador para la labor; algo que pasó dos días después. Pues acusaron al presidente municipal Miguel Gutiérrez de “tomarse la foto” y en que salió huyendo tras la presión de los habitantes.

El 69 por ciento de los mexicanos (según Reforma) y el 67 por ciento (según Parametría) está a favor de la creación de la Guardia Nacional. Reitera la ciudadanía que el problema de inseguridad debe ser prioridad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tan sólo en 2018 se registraron más de 26 mil homicidios en el país, el año más violento del que se tenga registro.

Sin embargo, la decisión es riesgosa en cuestiones de derechos humanos, en que el propio presidente ha clamado que se respetarán esos derechos. En el dictamen, aprobado en lo general, establece que el ejército puede realizar detenciones en flagrancia, además de eliminar policías municipales y estatales garantizando la presencia permanente de tropas en las calles y en que no posee contrapesos jurídicos, ya que podrán realizar labores de ministerio publico.

En comisiones de la Cámara de Senadores descartaron tipificar como delitos graves el abuso sexual, la violencia contra menores, el feminicidio, el robo a casa habitación, el robo al transporte de carga en cualquier modalidad, y la desaparición forzada. Aunque el huachicoleo sigue avanzando para ser tipificado como tal.

No me da tristeza que hayan aprobado la Guardia Nacional, pues habían aprobado la Ley de Seguidad Interior en 2017. Me da tristeza que gran parte de la sociedad mexicana apoye la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador sin pensar en las consecuencias porque “Los mandos civiles no funcionan, necesitamos fuerza contra los delincuentes” cuando el ejército también tiene casos de corrupción que han sido resaltados por la DEA.

Están los legisladores aún a tiempo de cancelar la decisión primodial del nuevo gobierno.

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